El sistema tributario español es draconiano, agresivo, aberrante e impropio de una democracia

Lawrence Hill, socio responsable del área de litigios fiscales del despacho Steptoe, es uno de los mayores expertos de Estados Unidos en el campo del derecho tributario. Recientemente, el jurista se sumó a la macro-causa lanzada por Amsterdam & Partners para luchar contra lo que consideran son prácticas abusivas de la Agencia Tributaria, a raíz de las múltiples controversias que se han derivado de la retirada retroactiva de las ventajas fiscales ofrecidas en el marco de la llamada Ley Beckham. LD se ha entrevistado con Hill para hablar del proceso en marcha.

P: Vd. es un experto en materia de fiscalidad, ¿qué opinión le merece la Agencia Tributaria española?

R: Simple y llanamente, diré que el sistema tributario español y, sobre todo, la forma en que se gestiona y se regula ha dado como resultado una de las instituciones más draconianas y agresivas que jamás he conocido, es aberrante y totalmente impropio de una democracia.

P: ¿Considera que se está violando el imperio de la ley en el trato que reciben los contribuyentes por parte del fisco?

R: Las tácticas empleadas resultan, sin duda, alarmantes. Los inspectores son remunerados mediante incentivos perversos que no premian la correcta aplicación de la normativa, sino la máxima recaudación posible. Se recurre a la figura excepcional de la "simulación" para imputar fraude incluso en casos donde no existe una base legal acreditada, y se vulneran principios esenciales como la confidencialidad y la protección de datos de los contribuyentes. A ello se suman procedimientos administrativos y judiciales que se dilatan casi una década, una situación sencillamente inaceptable.

El socio del área tributaria del bufete neoyorquino Steptoe alza la voz contra España.

Si un ciudadano intenta defenderse, se le exige primero el pago inmediato de las cantidades reclamadas y, si opta por acudir a los tribunales para demostrar su inocencia, se le amenaza con penas de prisión. La Administración le bombardea entonces con centenares de requerimientos genéricos, diseñados no para esclarecer los hechos, sino para asfixiarlo burocráticamente y forzarle a pactar. Es una dinámica que busca quebrar la resistencia del contribuyente y disuadir cualquier intento de defensa plena de sus derechos.

P: En el marco de esta macro-causa, nos consta que se han comunicado con el gobierno de Estados Unidos. ¿En qué se pueden concretar esos contactos?

R: Por ejemplo, en la revisión de acuerdos bilaterales en vigor. Las prácticas de la Agencia Tributaria podrían estar vulnerando el tratado bilateral que regula el intercambio de información fiscal entre España y Estados Unidos. La cuestión central es evidente: ¿está Hacienda garantizando la privacidad y la confidencialidad de los datos de los contribuyentes? A la luz de los casos que estamos documentando, existen motivos serios para creer que no siempre es así. Por ello, estamos en comunicación directa con el gobierno del presidente Donald Trump, para trasladar a las autoridades estas posibles violaciones y solicitar que se evalúe formalmente si España está cumpliendo o no con sus compromisos internacionales en materia de protección de datos, seguridad jurídica, etc.

P: De modo que la ofensiva ya no es solamente mediática o de influencia, sino que ya aborda la posibilidad de que haya consecuencias legales para España.

La campaña impulsada por Bob Amsterdam comenzó de forma muy sencilla: un anuncio en el Financial Times y, pocos días después, otro en The Wall Street Journal. Nada más. Sin embargo, la reacción fue inmediata y abrumadora. Tras esas publicaciones, Amsterdam & Partners empezó a recibir un flujo constante de cartas, correos y testimonios de personas afectadas —tanto por la Ley Beckham como, en general, por prácticas que consideran abusivas por parte de la Agencia Tributaria. Lo que inicialmente era un esfuerzo para alertar a la opinión pública internacional ha evolucionado rápidamente hasta convertirse en una macro-causa en formación, destinada a impulsar cambios y exigir medidas correctivas que pongan fin a los abusos que estamos documentando.

Información de: Diego Sánchez de la Cruz (Libre Mercado)