El Congreso aprueba la Ley de Movilidad Sostenible

El Ejecutivo ha conseguido sacar adelante la Ley de Movilidad Sostenible, que incluye aprobar un Plan Renove para impulsar la compra de vehículos de cero y bajas emisiones en un plazo de tres meses. También obliga a elaborar un estudio que analizará la necesidad de actualizar las etiquetas medioambientales y mandata a las grandes estaciones de servicio a instalar puntos de carga de alta capacidad para el vehículo eléctrico.

El Gobierno ha conseguido aprobar en el Pleno del Congreso de los Diputados la Ley de Movilidad Sostenible, después de haber logrado in extremis un acuerdo con Podemos, que inicialmente había anunciado su voto en contra. Esta formación, durante el debate, había avisado de que para que hoy no tumbaran «una ley insuficiente e inútil les exigimos aquí y ahora un compromiso por escrito de que no habrá ampliación del aeropuerto del Prat».

No obstante, antes del pacto con los morados para su abstención —que según aclaró posteriormente el ministro de Transportes, Óscar Puente, implica realizar un informe exhaustivo del impacto medioambiental, lo que no supondrá variar el calendario de las obras previstas—, el Ejecutivo podría haberlo sacado adelante ante la ausencia en la cámara del diputado canario del PP Guillermo Mariscal por motivos personales, que no ha podido votar ni siquiera telemáticamente, porque la petición de su grupo fue desestimada por la mesa, debido a que las razones esgrimidas no están recogidas en las normas, según adelantó la Cadena Ser.

En este sentido, la legislación ha salido adelante con 174 votos a favor, 170 en contra y 4 abstenciones. Esta normativa, que si es validada definitivamente en las Cortes permitirá a España recibir una inyección de 10.000 millones de euros de fondos europeos al ser un compromiso del Ejecutivo con Bruselas, toca directamente al sector de automoción en algunos aspectos relevantes, por ejemplo incluye en su articulado la presentación por parte del Gobierno de un plan renove de vehículos nacional adicional al Moves, la elaboración de un informe para revisar las etiquetas de la DGT bajo el criterio del CO2, novedades en la regulación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) o medidas de impulso de la infraestructura de recarga de modelos eléctricos.

El Ejecutivo ha conseguido sacar adelante la Ley de Movilidad Sostenible, que incluye aprobar un Plan Renove para impulsar la compra de vehículos de cero y bajas emisiones en un plazo de tres meses. También obliga a elaborar un estudio que analizará la necesidad de actualizar las etiquetas medioambientales y mandata a las grandes estaciones de servicio a instalar puntos de carga de alta capacidad para el vehículo eléctrico.

El Gobierno ha conseguido aprobar en el Pleno del Congreso de los Diputados la Ley de Movilidad Sostenible, después de haber logrado in extremis un acuerdo con Podemos, que inicialmente había anunciado su voto en contra. Esta formación, durante el debate, había avisado de que para que hoy no tumbaran «una ley insuficiente e inútil les exigimos aquí y ahora un compromiso por escrito de que no habrá ampliación del aeropuerto del Prat».

El Plan Nacional de Renovación del Parque podría quedar en nada

No obstante, antes del pacto con los morados para su abstención —que según aclaró posteriormente el ministro de Transportes, Óscar Puente, implica realizar un informe exhaustivo del impacto medioambiental, lo que no supondrá variar el calendario de las obras previstas—, el Ejecutivo podría haberlo sacado adelante ante la ausencia en la cámara del diputado canario del PP Guillermo Mariscal por motivos personales, que no ha podido votar ni siquiera telemáticamente, porque la petición de su grupo fue desestimada por la mesa, debido a que las razones esgrimidas no están recogidas en las normas, según adelantó la Cadena Ser.

En este sentido, la legislación ha salido adelante con 174 votos a favor, 170 en contra y 4 abstenciones. Esta normativa, que si es validada definitivamente en las Cortes permitirá a España recibir una inyección de 10.000 millones de euros de fondos europeos al ser un compromiso del Ejecutivo con Bruselas, toca directamente al sector de automoción en algunos aspectos relevantes, por ejemplo incluye en su articulado la presentación por parte del Gobierno de un plan renove de vehículos nacional adicional al Moves, la elaboración de un informe para revisar las etiquetas de la DGT bajo el criterio del CO2, novedades en la regulación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) o medidas de impulso de la infraestructura de recarga de modelos eléctricos.

En relación a las subvenciones para la compra de coches, la enmienda, que fue introducida por el PP y que se plasma en una disposición adicional vigésimo segunda, fija un mandato al Gobierno para que «en el plazo máximo de tres meses desde la aprobación de la presente Ley» desarrolle «reglamentariamente un plan de renovación para incentivar la adquisición de vehículos nuevos de cero o bajas emisiones y la retirada voluntaria de vehículos antiguos del parque móvil español».

En su elaboración, se determina que el «Plan Nacional de Renovación del Parque Automovilístico Español» será «complementario» a las ayudas para vehículos eléctricos —no mencionan el Moves 3— y que en él se tendrá como objetivo «la retirada y sustitución de vehículos con una mayor antigüedad y de cualquier tipología (camiones, autobuses, furgonetas, automóvil y motos), por el riesgo que suponen para la seguridad vial y por su efecto contaminador».

Asimismo, se indica que, además de los modelos nuevos, podrán beneficiarse los de «ocasión o usados cuya motorización sea Euro 6d».

A pesar del mandato regulado, fuentes del sector precisan que todo indica que esta medida quedará en papel mojado y no se plasmará en un programa concreto, puesto que el Gobierno podrá argumentar, de cara a cumplir con lo redactado, que ya existen ayudas para vehículos de cero y bajas emisiones con el Moves 3 de 2025. Además, el desarrollo del reglamento se podría dilatar sine die, porque los plazos son fácilmente incumplibles sin sufrir ninguna penalización.

Estudio para revisar las etiquetas de la DGT, incluyendo el criterio del CO2

Respecto a la modificación de las etiquetas de la DGT, en la ponencia de la Comisión de Transportes se incluyó una enmienda transaccional de Sumar, ERC, Bildu y BNG que establece que «en el plazo de 12 meses desde la entrada en vigor de esta ley el Gobierno presentará un estudio que analizará la necesidad de actualizar las etiquetas medioambientales de la Dirección General de Tráfico, teniendo en cuenta la evolución tecnológica de los vehículos, para solventar las deficiencias detectadas en materia de contaminantes e incluir las emisiones de CO2 como criterio adicional».

-El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, partido que defendió el 'no' a la ley.

Este informe «se realizará en el marco de un grupo de trabajo interministerial del que formen parte el Ministerio del Interior, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el Ministerio de Industria y Turismo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa», incluyéndose «una consulta a las comunidades autónomas». 

Tasas para los vehículos más contaminantes en las ciudades 

En el capítulo relativo a las zonas de bajas emisiones, se introduce una disposición final segunda que modifica el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que habilita a los municipios a fijar tasas a «la circulación de vehículos que superen los límites o categorías máximas que se hayan establecido».

Por otra parte, ante episodios de alta contaminación, se estipula en la disposición adicional quinta la obligación de las administraciones de disponer de protocolos de actuación para poder ser implementados.

También dentro del ámbito urbano se determina que «el Gobierno dispondrá de una Estrategia Estatal de impulso del uso de la bicicleta», que incluirá «mecanismos necesarios para su gobernanza y para su financiación».

Estaciones de recarga en gasolineras

Dentro del desarrollo de la infraestructura de recarga de vehículos eléctrico, a través de una disposición final vigésima, que modifica la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, se regula que las estaciones de suministro de combustibles «cuyo volumen anual agregado de ventas de gasolina y gasóleo A sea superior o igual a 10 millones de litros a partir de 2025 instalarán y/o acreditarán […] al menos un grupo de recarga que ofrezca una potencia disponible de al menos 400 kW que incluya al menos un punto de recarga con una potencia disponible individual de al menos 150 kW de recarga eléctrica en corriente continua, que deberá prestar servicio en un plazo de 21 meses a partir de la entrada en vigor de esta ley».

Las instalaciones que cumplan estos requisitos «a partir de 2027 deberán instalar o acreditar un grupo de recarga de al menos 600 kW que incluya al menos un punto de recarga con una potencia disponible individual de al menos 150 kW de recarga eléctrica en corriente continua en un plazo de 12 meses».

Respecto a la planificación del despliegue de la red de carga pública de VE se fija que el Gobierno elaborará «un Plan estatal», que «abordará las necesidades» en el país, «especialmente en aquellas áreas donde la iniciativa privada no proporcione las infraestructuras adecuadas, ya sea para vehículos ligeros o para las necesidades específicas de los vehículos pesados, y recogerá las medidas regulatorias, financieras, o de otro tipo que pudieran ser adecuadas para favorecer este despliegue».

Dicho programa se regirá por lo establecido en el Reglamento de la UE de 2023 de implantación de infraestructura de combustibles alternativos (AFIR, en inglés) y por el Marco de Acción Nacional en esta materia; y deberá tener en cuenta lo previsto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). A su vez, se habilita la posibilidad de que durante su elaboración se solicite informe al Grupo de Trabajo para el despliegue de la infraestructura de recarga (Gtirve), integrado por el sector de automoción y las administraciones públicas.

Información de: Ignacio Anasagasti (La Tribuna de Automoción)

En relación a las subvenciones para la compra de coches, la enmienda, que fue introducida por el PP y que se plasma en una disposición adicional vigésimo segunda, fija un mandato al Gobierno para que «en el plazo máximo de tres meses desde la aprobación de la presente Ley» desarrolle «reglamentariamente un plan de renovación para incentivar la adquisición de vehículos nuevos de cero o bajas emisiones y la retirada voluntaria de vehículos antiguos del parque móvil español».

En su elaboración, se determina que el «Plan Nacional de Renovación del Parque Automovilístico Español» será «complementario» a las ayudas para vehículos eléctricos —no mencionan el Moves 3— y que en él se tendrá como objetivo «la retirada y sustitución de vehículos con una mayor antigüedad y de cualquier tipología (camiones, autobuses, furgonetas, automóvil y motos), por el riesgo que suponen para la seguridad vial y por su efecto contaminador».

Asimismo, se indica que, además de los modelos nuevos, podrán beneficiarse los de «ocasión o usados cuya motorización sea Euro 6d».

A pesar del mandato regulado, fuentes del sector precisan que todo indica que esta medida quedará en papel mojado y no se plasmará en un programa concreto, puesto que el Gobierno podrá argumentar, de cara a cumplir con lo redactado, que ya existen ayudas para vehículos de cero y bajas emisiones con el Moves 3 de 2025. Además, el desarrollo del reglamento se podría dilatar sine die, porque los plazos son fácilmente incumplibles sin sufrir ninguna penalización.

Estudio para revisar las etiquetas de la DGT, incluyendo el criterio del CO2

Respecto a la modificación de las etiquetas de la DGT, en la ponencia de la Comisión de Transportes se incluyó una enmienda transaccional de Sumar, ERC, Bildu y BNG que establece que «en el plazo de 12 meses desde la entrada en vigor de esta ley el Gobierno presentará un estudio que analizará la necesidad de actualizar las etiquetas medioambientales de la Dirección General de Tráfico, teniendo en cuenta la evolución tecnológica de los vehículos, para solventar las deficiencias detectadas en materia de contaminantes e incluir las emisiones de CO2 como criterio adicional».

-El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, partido que defendió el 'no' a la ley.

Este informe «se realizará en el marco de un grupo de trabajo interministerial del que formen parte el Ministerio del Interior, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el Ministerio de Industria y Turismo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa», incluyéndose «una consulta a las comunidades autónomas».

En el capítulo relativo a las zonas de bajas emisiones, se introduce una disposición final segunda que modifica el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que habilita a los municipios a fijar tasas a «la circulación de vehículos que superen los límites o categorías máximas que se hayan establecido».

Por otra parte, ante episodios de alta contaminación, se estipula en la disposición adicional quinta la obligación de las administraciones de disponer de protocolos de actuación para poder ser implementados.

También dentro del ámbito urbano se determina que «el Gobierno dispondrá de una Estrategia Estatal de impulso del uso de la bicicleta», que incluirá «mecanismos necesarios para su gobernanza y para su financiación».

Estaciones de recarga en gasolineras

Dentro del desarrollo de la infraestructura de recarga de vehículos eléctrico, a través de una disposición final vigésima, que modifica la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, se regula que las estaciones de suministro de combustibles «cuyo volumen anual agregado de ventas de gasolina y gasóleo A sea superior o igual a 10 millones de litros a partir de 2025 instalarán y/o acreditarán […] al menos un grupo de recarga que ofrezca una potencia disponible de al menos 400 kW que incluya al menos un punto de recarga con una potencia disponible individual de al menos 150 kW de recarga eléctrica en corriente continua, que deberá prestar servicio en un plazo de 21 meses a partir de la entrada en vigor de esta ley».

Las instalaciones que cumplan estos requisitos «a partir de 2027 deberán instalar o acreditar un grupo de recarga de al menos 600 kW que incluya al menos un punto de recarga con una potencia disponible individual de al menos 150 kW de recarga eléctrica en corriente continua en un plazo de 12 meses».

Respecto a la planificación del despliegue de la red de carga pública de VE se fija que el Gobierno elaborará «un Plan estatal», que «abordará las necesidades» en el país, «especialmente en aquellas áreas donde la iniciativa privada no proporcione las infraestructuras adecuadas, ya sea para vehículos ligeros o para las necesidades específicas de los vehículos pesados, y recogerá las medidas regulatorias, financieras, o de otro tipo que pudieran ser adecuadas para favorecer este despliegue».

Dicho programa se regirá por lo establecido en el Reglamento de la UE de 2023 de implantación de infraestructura de combustibles alternativos (AFIR, en inglés) y por el Marco de Acción Nacional en esta materia; y deberá tener en cuenta lo previsto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). A su vez, se habilita la posibilidad de que durante su elaboración se solicite informe al Grupo de Trabajo para el despliegue de la infraestructura de recarga (Gtirve), integrado por el sector de automoción y las administraciones públicas.

Información de: Ignacio Anasagasti (La Tribuna de Automoción)