La huelga general no paraliza el país

La huelga general del 11-N, convocada por CCOO, UGT y organizaciones de inquilinos para reclamar mejoras salariales y soluciones a la crisis de la vivienda, tuvo ayer más repercusión en las calles que en los centros de trabajo. En Madrid, más de 120.000 personas, según la Delegación del Gobierno, participaron en una multitudinaria manifestación bajo una intensa lluvia, mientras otras ciudades acogieron grandes movilizaciones pese al temporal.

El seguimiento fue elevado en la automoción, la industria y los puertos, según los sindicatos, pero mucho menor en los servicios públicos, el comercio y el transporte. El consumo eléctrico refleja esa incidencia desigual: a media mañana cayó hasta un 15,49% respecto a la previsión de Red Eléctrica, aunque a las 14.00 horas la diferencia se había reducido al 2,37%.

Las manifestaciones reúnen a miles de personas, mientras el seguimiento laboral resulta limitado y desigual

Las marchas transcurrieron mayoritariamente de forma pacífica, pero terminaron con disturbios y cargas policiales en Madrid y Barcelona, donde grupos de encapuchados saquearon comercios y lanzaron material pirotécnico contra los Mossos. Interior contabilizó más de 1.500 incidentes durante la jornada y 74 detenidos tras los altercados finales. CCOO y UGT denunciaron una actuación policial desproporcionada, incluido el uso de gas pimienta contra piquetes en Mercamadrid, y estudian emprender acciones legales.

La Diputación Permanente aprobará hoy uno de los decretos vivienda

El Gobierno espera convalidar por un solo voto de diferencia las medidas que amplían la protección frente a los desahucios y limitan las subidas del alquiler

La Diputación Permanente del Congreso votará este jueves uno de los decretos de vivienda aprobados por el Gobierno el pasado 6 de octubre, tras el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años. La norma contempla prorrogar hasta diciembre de 2030 la protección frente a los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional, regular los alquileres de temporada y por habitaciones, ampliar dos años los contratos que venzan antes de 2029 y limitar las actualizaciones anuales de las rentas hasta finales de 2027.

El Ejecutivo confía en sacar adelante el texto por un estrecho margen de 35 votos frente a 34, gracias al apoyo de PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y Podemos, mientras PP, Vox y Junts se oponen. Los populares ya han anunciado que derogarán la norma si llegan al Gobierno tras las elecciones del 29 de noviembre. La votación se celebra un día después de la huelga general convocada por la crisis de la vivienda y en vísperas del inicio de la campaña electoral.

 Información de: Carlos Kloshletter