El Tribunal Supremo paraliza de forma cautelar los efectos electorales de la 'ley de nietos'

El Tribunal Supremo ha estimado las medidas cautelares solicitadas este lunes por Iustitia Europa y Vox en relación con las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) derivadas de la aplicación de la conocida como ley de nietos. El auto establece que las nuevas inscripciones afectadas quedarán suspendidas una vez finalizada su tramitación y que, en el caso de las personas ya inscritas, se suspenderán sus efectos para los sucesivos procesos electorales que puedan convocarse. Estas medidas permanecerán vigentes hasta que se dicte sentencia en el procedimiento.

El Alto Tribunal ha tomado esta decisión después de que este lunes tanto Luis María Pardo (Iustitia Europa) como Jorge Buxadé (Vox) mantuvieran sus respectivas vistas orales y públicas ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Ambos partidos solicitaron medidas cautelares, no con el objetivo de anular de golpe la Ley de Memoria Democrática ni retirar las nacionalidades ya concedidas, sino para suspender de forma provisional las altas automáticas en el CERA de quienes obtuvieron la nacionalidad al amparo de la disposición adicional octava de la citada norma, la popularmente llamada ley de nietos, y de la instrucción de Sofía Puente de octubre de 2022, que asumía automáticamente que cualquier persona que dejó España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 lo hizo por motivos de exilio político.

El Alto Tribunal admite las medidas cautelares planteadas este lunes por Iustitia Europa y Vox

Los recurrentes pedían, entre otras cosas, paralizar las nuevas incorporaciones al censo mientras se verifica la legalidad y la documentación de los expedientes, identificar por separado esas altas y evitar que se produzcan efectos irreversibles en un eventual proceso electoral. El Alto Tribunal ha acordado la suspensión cautelar hasta que se pronuncie en sentencia sobre los recursos. La suspensión no regirá para los extranjeros que cuenten con una certificación acreditativa de que sus padres o abuelos tuvieron que exiliarse y renunciar a la nacionalidad española por razones políticas o ideológicas.

La ‘ley de nietos’. La ley de nietos estaba alterando el censo electoral de una manera significativa, tal y como ha ido desgranando THE OBJECTIVE en los últimos días. A 1 de julio de 2026, había 2.736.522 electores residentes en el extranjero, el 7,11% del censo, diez veces más que en 1986, gracias a los 545.000 beneficiarios que ya tenían aprobada o concedida la nacionalidad española a través de la ley de nietos, y eso que la gran mayoría de las peticiones continuaban en fase de trámite en los consulados y registros españoles debido al gran volumen acumulado. Esto es, que para las generales son en 2027, serían muchos más.

Este vuelco electoral se veía muy claro en Madrid, en donde uno de cada siete votantes está fuera de España, concentrando 422.732 electores inscritos en el CERA, el 14,9% del censo total, 2.833.244. El CERA de Madrid multiplica por 2,7 al de Barcelona (159.277) y supone el 15,4% de todos los electores españoles en el extranjero. En volumen, la capital reúne ella sola más votantes en el exterior que la inmensa mayoría de las provincias.

Madrid capital ya tiene 422.732 electores en el extranjero: el 15% de su censo total

Si los 2.736.522 electores residentes en el extranjero votaran con la participación media que han tenido desde 1986, aportarían 516.962 votos, el 2% del total; con la máxima de cada provincia, 1.100.236, el 4,2%. Con esa participación máxima habría votos exteriores suficientes para superar el margen que decidió el último escaño en 2023 en 23 de las 52 circunscripciones y con la media, en 16. Pero el Tribunal Supremo ha paralizado de forma cautelar estos efectos electorales.

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Reacciones. Iustitia Europa ha celebrado la decisión del Tribunal Supremo como un éxito histórico de la sociedad civil. Su presidente, Luis María Pardo, y la cuenta oficial del partido han subrayado que fueron los primeros en denunciar el asunto ante la Junta Electoral Central y en recurrir su acuerdo ante el Alto Tribunal, y que han logrado exactamente lo que el Gobierno y la Abogacía del Estado pedían que no ocurriera: la suspensión cautelar de los efectos electorales de las altas automáticas en el CERA derivadas de la instrucción de 2022. Han insistido en que no pretenden anular nacionalidades ni impedir votar a nadie, sino garantizar transparencia, trazabilidad documental y que una sentencia futura no llegue cuando ya sea imposible reconstruir un proceso electoral celebrado. 

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Vox, por otro lado, ha presentado la resolución como una victoria propia contra lo que denomina «alteración del censo» e «ingeniería electoral» del Gobierno. Jorge Buxadé y la cuenta oficial del partido han destacado que el Supremo ha suspendido la aplicación de las instrucciones de Sofía Puente «a instancias de Vox» y ha ordenado a la Junta Electoral Central actuar conforme a derecho.

Información de: Marcos Ondarra (The Objective)