El hombre de las mil trampas

Viene a cuento una vieja canción del bardo francés Georges Brassens donde, como en tantas otras, una observación pertinente afloraba bajo la capa del absurdo. Así, en El plural, Brassens reivindicaba de entrada su derecho a expresar una opinión propia, a sabiendas de que sería condenado por los adictos a los lugares comunes: me negaban el acceso al suyo, pero yo había decidido ya no subir a su tren. 

A partir de aquí, pronunciaba su sentencia contra el tópico de los beneficios de la pluralidad, que incontrolada equivalía al caos. Actualizando el ejemplo, el amor en plural está muy bien, pero la práctica como manada es su destrucción. «Estábamos enamorados de ella, la desposamos, queríamos ser felices todos juntos con ella…». «La causa era noble, era buena, era hermosa». Pero «éramos demasiados» y fue una catástrofe. Nous l’avons défrisée, concluye brutalmente. Solo la limitación en número es propia de la libertad: por sí mismo, «el plural no vale de nada al hombre».

La observación es plenamente aplicable a más de un problema de los que ahora se discuten, y en primer término a la aplicación en curso de la llamada ley de nietos, con sus posibles consecuencias electorales, dado que en esta ocasión lo aparentemente razonable puede llevar a la desvirtuación irreversible del procedimiento democrático. En principio y en abstracto, las cosas están diametralmente claras. España ha sido un país de emigración, con unos rasgos de especial violencia por efecto de la guerra civil, y la concesión de la nacionalidad española a los descendientes de esa emigración se presenta como un acto de justicia. Por eso, la marcha atrás del Partido Popular, que lo defendiera en el pasado y lo cuestiona hoy, sería no solo un signo de alineamiento con Vox, sino una prueba de las contradicciones insalvables de su oferta política. El precio pagado ha sido inmediato, con la condena sin atenuantes de voces muy críticas hacia el Gobierno, en Antena 3 o en El Confidencial, y por supuesto de los medios gubernamentales, que así pueden escapar de la marea de corrupción.

Lo cierto es que el cambio de opinión por el PP, más que contradicciones, pues la realidad ha cambiado, muestra una incomprensible tardanza en percibir la entidad del problema.

Ya en el texto aprobado de la Ley de Memoria Democrática cabía apreciar la sospechosa voluntad de ir más allá del resarcimiento a las víctimas de la guerra civil, extendiendo la aplicación hasta la emigración económica. La justificación aceptable iba a parar a un cheque en blanco. Un partido de gobierno, aunque en la oposición, tenía el deber político de vigilar qué estaba sucediendo al respecto.

El PP tenía razón al pensar, aun votando en contra de dicha ley, que «la causa era noble, era buena, era hermosa», aunque al mismo tiempo tenía la obligación, como ahora ha hecho tardíamente, de hacer sonar la alarma si había datos suficientes para estimar que la puesta en práctica de las nacionalizaciones se convertía en un instrumento para alterar a fondo los resultados electorales. Y no vale apelar a que esos votos pueden distribuirse entre todos los partidos. Una cosa es el pasado, y otra cuando la concesión de la nacionalidad en países con grandes dificultades económicas genera un vivero de votos agradecidos al concesionario: el Gobierno y el PSOE de Pedro Sánchez. Tampoco es lo mismo intentar atraer votos de gallegos, al modo de Fraga hace 20 años, y recientemente de Feijóo, con evidentes intereses electorales, por malintencionados que fueran, que hacer entrar en el electorado a cientos de miles de nuevos votantes que ni viven ni trabajan en nuestro país.

Ciertamente, el problema no es solo de España, y la tendencia en otros países europeos es a resolverlo. En Italia, el más próximo en circunstancias, por haber sido también un país de emigración masiva, fue creada una circunscripción para italianos residentes en el extranjero, con ocho diputados y cuatro senadores, de manera que el reconocimiento es un hecho, pero también está puesto el freno para que no se vea alterada la composición real del electorado.

La campaña es agilizada por instrucciones de benevolencia a los consulados

Con todas las reservas por proceder de una fuente fiable, pero oral, lo puse de relieve hace más de un mes en estas páginas: «El fraude amenazador que despunta aquí es el del voto de españoles nacionalizados en el extranjero. A favor de la Ley de Memoria Democrática, el Gobierno parece estar desarrollando una campaña para capitalizar ese voto, con tan progresista respaldo, y que pudiera tener gran número de beneficiarios en Hispanoamérica. No es poca cosa obtener la nacionalidad española en países como Cuba, donde hay unos 400.000, se estima, descendientes de españoles (entre ellos, por lo que me toca, son ya más numerosos que mis parientes aquí). Muchos no votarán, pero en una elección apretada, todo voto adicional sirve. Y el Gobierno intentará ganárselos».

Lo dicho para Cuba vale también para Argentina, con más de un millón de solicitudes. En el relato que sirvió de base a mi texto, se mencionaba que esa campaña de masas es incentivada por propagandistas de la ley de la Memoria Democrática y agilizada por instrucciones de benevolencia a los consulados. No deberá ser tan difícil averiguarlo para un partido con los medios del PP, dictaminando en consecuencia si estamos ante un bulo o un pucherazo de decisiva importancia. Parece que ha elegido otro camino, el de la moderación de la crítica inicial, porque el PP no quiere perder ese caladero de votos, que como se probó el 23-J, pueden beneficiarle. Solo que es un tema en el cual, al modo de la canción de Brassens, lo cuantitativo dictará la solución.

Como en tantas otras ocasiones, la opinión vertida desde el diario oficial sirve de buen indicador acerca de los propósitos reales del Gobierno. La cortina de fuego no presenta puntos muertos: para todo el espectro de comentarios, el PP reniega de sus propias ideas, viéndose luego forzado a retroceder, y además pretende anular un derecho a la ciudadanía que es incluso reconocido en los Estados Unidos de Donald J. Trump. Imágenes de felicidad de algunos que ya han obtenido la nacionalidad española, cierran el cuadro. Sobre los efectos políticos del tsunami de nacionalizaciones, silencio.

Es cuestión de número. Lo mismo que en la regularización de los inmigrantes, que pasa de medio millón a un millón doscientos mil potenciales, según estimaciones del propio Gobierno. De nuevo, el problema no reside solo en la necesidad de regularizar, habida cuenta del volumen de inmigrantes ilegales, sino en el procedimiento adoptado, que otra vez sitúa la prioridad en las conveniencias electorales —Pedro Sánchez, el gran benefactor—, sin preocuparse de lo que la operación desvela, una enorme masa de inmigrantes que llegan sin control alguno, ni de lo que eso implica para el mercado de trabajo, el Estado de bienestar (¿susceptible de estirarse como el chicle?) y el marco europeo. «Sobre un sector donde la semiesclavitud se explica a cara descubierta —juzga sobre lo primero Cándido Méndez— se basa, junto al aumento de población proveniente de la inmigración, el milagro económico actual: el crecimiento totalmente desvinculado de la redistribución».

Sánchez está plenamente dispuesto a fingir la ignorancia de que el suyo es un régimen de corrupción

Así, mientras en la UE se dedican al también curioso ejercicio de crear colonias de inmigrantes ilegales en terceros países, Sánchez va por libre e inyecta más de un millón nuevos, salvándoles de la ilegalidad en que se encontraban. La extrema derecha europea, de Meloni a Le Pen, irritada pero feliz por el rendimiento electoral que Sánchez les proporciona: la amenaza está servida. La contribución de nuestro hombre a racionalizar la política migratoria de la UE: cero. ¿Para qué preocuparse de controlar un fenómeno y sus efectos, piensa, si abrir las puertas de par en par me es rentable? Y si esto produce un previsible efecto llamada, tampoco importa. Una vez legalizados, nos explica, aumentarán los clientes en nuestros bares.

Cuanto viene ocurriendo confirma dos cosas. La primera, que la cohesión alcanzada por la cleptocracia la ha vuelto demasiado vulnerable para la actuación judicial y policial; las tramas enlazan unas con otras y son así detectables. La segunda, que Pedro Sánchez está plenamente dispuesto a fingir la ignorancia de que el suyo es un régimen de corrupción, y por ello, se dispone a pisar el acelerador de los cambios regresivos para impedir que la marea de casos le alcance. En el mismo sentido, tampoco quiere verse obligado a abandonar la seguridad del Gobierno por una derrota electoral.

Pedro Sánchez sabe que tendrá que multiplicar su versatilidad como hombre avezado en las trampas políticas para conjurar ese resultado final desfavorable, pero ya tiene sobrada experiencia a la hora de saltarse los usos democráticos, manteniéndose impasible el ademán por graves que sean los acontecimientos que le conciernen. Por otra parte, esa firmeza le resulta ya indispensable para garantizar el silencio de quienes van cayendo sucesivamente en las redes de la lucha anticorrupción: tienen que confiar en que, al final, él los salvará por haberle salvado. Deben seguir la conducta ejemplar de Ábalos y de Koldo. Por si había alguna duda, la plataforma ofrecida al primero por El País, con la emotiva entrevista filtrada de la cárcel, tiene el valor de un ejemplo para quienes se vean obligados a seguir sus pasos en el injusto viacrucis del juicio y la condena «predeterminada». A su partido nada le reprocha. 

La segunda parte contratante resulta indispensable, porque todo se hunde si en menos de un año pierde el poder. De ahí que sea verosímil la maniobra de ampliar en beneficio propio el cuerpo de votantes, esgrimiendo el «progresismo». Hasta qué punto y con qué resultados, ya se verá. La jugada de fondo es, sin embargo, otra, y el propio diario oficial apunta a ella, por el curioso procedimiento de publicar el mismo día dos artículos, un editorial y una carta del director, convergentes en el propósito de descalificar el acercamiento de Feijóo a Junts cuando habló de «pasar página del procés».

Podría ensayar la mayor trampa: usar el artículo 92 para un referéndum catalán que evitase el riesgo de la derrota en las generales

El nuevo señalamiento de los errores del PP es, sin embargo, secundario, ante la sugerencia de lo que va a venir: la conveniencia de resolver el problema de España, «al que le quedan mal los trajes ceñidos», optando por «avanzar, conciliar intereses, hallar puntos de encuentro», léase con los independentistas catalanes. Y en cuanto al contenido de ese encuentro, ahí está la financiación autonómica, desde la singularidad catalana, la cual, según el diario, «podría beneficiar a otras comunidades» (sic). La argumentación no tiene desperdicio: lograr la conciliación a toda costa con quienes tienen el firme propósito de destruir el Estado, alcanzando la propia soberanía a partir de la sustitución de la equidad financiera por el privilegio fiscal, disfrazado de café para todos. Resulta claro que no será el PP, sino el PSOE, quien tome esa vía, sobre la cual Sánchez intentará apoyar su supervivencia. De ahí el apoyo militante del diario.

Entre tanto, para los independentistas vascos unidos, PNV y Bildu, de momento bastará con permitirles que en la nueva ley de Empleo Público pueda llegarse a la euskaldunización total de la Administración, con los castellanohablantes transferidos a la condición de ciudadanos de segunda clase. Luego vendrá el nuevo status. El desacuerdo de los socialistas vascos no ofrece dudas, lo mismo que el visto bueno que será otorgado por Sánchez.

Claro que todo depende de que la justicia europea absuelva de malversación a Puigdemont y al lado de ERC este haga pagar la factura a Sánchez sin menoscabo de su honor como president. De ser así, al avanzar Cataluña hacia su soberanía desde el privilegio fiscal –«la singularidad», el cupo vasco bis–, reventarían las costuras del traje ceñido, el constitucional, y a favor de ello Sánchez podría ensayar la mayor trampa: utilizar el artículo 92 para un referéndum que evitase el riesgo de la derrota en las elecciones generales. Salvavidas conveniente, porque la riada de la corrupción descubierta va a aumentar sin duda su caudal, y con ella el desprestigio del Gobierno, en los próximos meses.

No tenemos ante nosotros una batalla tras otra, sino una trampa tras otra. A trancas y barrancas, pero con la firmeza del hombre que actúa por encima de la ley y la justicia, sin que le tiemble el pulso porque vayan cayendo las piezas de su juego. ¿Qué importa la imputación de su directora general de la Guardia Civil, supuestamente implicada con la fontanera en boicotear las investigaciones de la propia Guardia Civil para de este modo proteger fraudulentamente al gobierno? Así que los agentes del Gobierno, parece, eran empleados para destruir a quienes se esforzaban por cumplir la legalidad. Y el ministro Marlaska y Pedro Sánchez les ratifican su confianza.

Cosa, por otra parte, lógica, puesto que los había nombrado para serle ante todo leales a Él, para empezar sin cuidarse de sus discutibles méritos. Vemos que la directora general de la Guardia Civil es una licenciada en Ciencias de la Información por el CEU, y que su promoción es solo una escala de lealtades a una persona. Al igual que en el caso de la resistible ascensión de la esposa del presidente, estamos ante el subproducto de una estrategia donde la prioridad otorgada a la afirmación personal de un hombre ha provocado desde el principio una erosión generalizada de valores e instituciones.

Texto de: Antonio Elorza. Ilustración de Alejandra Svriz (The Objective)