El juez imputa a la presidenta de la SEPI y otra veintena de cargos por los amaños de la "trama Leire Díez"

El juez Santiago Pedraz ha imputado a la presidenta de la SEPI, Belén Gualda González, y a otra veintena de cargos de empresas privadas y otros entes públicos como Enusa por los presuntos amaños de contratos públicos investigados en el "caso Leire Díez", según consta en un auto al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

El magistrado de la Audiencia Nacional accede así a la petición de cambiarles la condición a investigados que le había hecho llegar la Fiscalía Anticorrupción, tras observar indicios de los delitos de organización criminal, tráfico de influencia, prevaricación y malversación de caudales públicos y uso de información privilegiada. Serán todos ellos citados para prestar declaración en próximas fechas.

Sobre Gualda, el Ministerio Público apunta a que se comprometió con el CEO de Tubos Reunidos, Francisco Vicente Irastuza, para que la solicitud de rescate público de la compañía fuera aprobada por el consejo asesor del fondo del que salieron los 112 millones de euros.

Pedraz accede a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y les citará proximamente

En julio de 2021, por ejemplo, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández impulsó una "serie de reuniones a nivel político en las que habría participado Gualda, con el fin de agilizar la tramitación de la concesión de la ayuda temporal por parte del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE)".

La actual presidenta del ente público dependiente del Ministerio de Hacienda fue la que -siempre según el Ministerio Público- "firmó la elevación al Consejo Gestor del FASEE de la propuesta sobre el expediente de Tubos Reunidos".

Finalmente, el mencionado Consejo Gestor aprobó el 13 de julio de 2021 la prestación de esta ayuda, en forma de crédito participativo. Una operación que sería finalmente autorizada por el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez el día 20 de julio.

En la lista de nuevos encausadas figuran el expresidente de Enusa José Vicente Berlanga; el director del FASEE, Julián Mateos Aparicio; el ex interventor general de Andalucía que trabajó con Fernández en la SEPI, Miguel Ángel Figueroa; la directora del área de Participadas de la SEPI, Rosario Martínez Manzanedo; el que fuera presidente de Mercasa José Ramón Sempere; la antigua alto cargo de Mercasa Mayte Castillos Pasalodos; la presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, Concepción Ordiz; Charo Arévalo Sandez, que ejerció como directora corporativa de Enusa, y el exdirectivo de Acciona Francisco Javier López Buciega.

Así como otros presuntos colaboradores del presunto entramado: el catedrático de Derecho Administrativo Juan Antonio Carrillo Donaire, del bufete sevillano SdP Estudio Legal SLP, o el asesor fiscal Carmelo Aznárez Pellicer.

La antigua cúpula de Tubos Reunidos, su expresidente Francisco Irastuza y el consejero José Pérez Rodríguez-Urrutia pasan a investigados

En cuanto a la antigua cúpula de Tubos Reunidos, su expresidente Francisco Irastuza y el antiguo consejero independiente de la empresa José Pérez Rodríguez-Urrutia pasan a estar también investigados. De Erri Beri, su director financiero, Juan Ignacio Fernández-Micheltorena y el fundador Félix Azcona Lacarra. Y de Forestalia, su expresidente Fernando Samper y los hermanos Roberto y Eduardo Pérez Águeda, señalados como "testaferros" y abogados de esta mercantil del sector de las renovables.

Anticorrupción puso de relieve ante el instructor la existencia de cinco operativas desarrolladas por la trama de Fernández, Leire Díez y Antxon Alonso, el dueño de Servinabar vinculado a Santos Cerdán: referentes a Mercasa, Enusa (donde trabajó Díez), el rescate de Tubos Reunidos por la SEPI, el expediente del Pepa y el grupo Forestalia.

En todas ellas, "se identifica un esquema común caracterizado por la detección de oportunidades de intervención en procedimientos administrativos o societarios de relevancia económica".

Para, luego, proceder a la "utilización de relaciones personales y acceso a información privilegiada para influir en su tramitación, la eventual manipulación o condicionamiento de decisiones públicas o procesos de contratación".

Con la obtención final por la trama "Hirurok" "de contraprestaciones económicas, ya sea de forma directa o a través de estructuras societarias interpuestas y operaciones mercantiles de apariencia lícita".

Pedraz asume que los indicios recabados apuntan a la existencia de una "dinámica continuada de intermediación ilícita en la contratación pública", en la que los investigados principales, el expresidente de la SEPI Fernández, la exmilitante socialista Díez, Santos Cerdán y el constructor navarro Alonso habrían actuado "como nexo de influencia entre intereses privados y decisores públicos, incidiendo en la adopción de resoluciones administrativas, el resultado de procedimientos de contratación pública o la canalización de ayudas financieras, en beneficio propio o de terceros".

Todo ello, "con la necesaria e ilícita cooperación de terceras personas pertenecientes bien al sector público o bien al sector privado", que son los que ahora "se traen como investigados al procedimiento".

Información de: Álvaro Olloqui  @aolloqi (La Razón)