Transportes prepara contratos 'low cost' para renovar las carreteras sin exigencias de calidad

Las empresas temen un pliego que lanzará próximamente el Ministerio de Transportes para todos los contratos de conservación de carreteras de la red estatal (26.525 kilómetros de los 165.832 totales) que obvia los requisitos técnicos que antes exigía la Administración. Un movimiento controvertido que no se ha extendido a otras áreas de la contratación en Transportes, como los que licita el gestor de la infraestructura de la red ferroviaria, ADIF, que ha rechazado este modelo.

Ocurre en un momento delicado por el estado de las carreteras, en las que las fuertes precipitaciones de febrero mostraron las carencias del mantenimiento de las vías que han desatado las críticas de la opinión pública. A nivel administrativo, dimitió la directora de conservación de carreteras del ministerio hace unas semanas y también dejó su puesto la subdirectora de coordinación de la dirección general de carreteras (que se fue a la empresa pública Correos).

La propuesta del ministerio, que busca, según el sector, «sustituir los concursos por subastas», la lleva directamente la Secretaria de Estado de Transportes. La Dirección General de Carreteras ya ha explicado a las empresas afectadas que solo quieren valorar el precio (de esta forma, todo se limita a criterios evaluables mediante fórmulas y no a los que dependen de juicio de valor). Algo que rechazan las compañías y tachan de «injusto» porque ellas invierten en innovación, seguridad y sostenibilidad constantemente y ahora puede llegar una compañía pequeña -que haya invertido menos en estas áreas- y ganar la licitación si propone un precio más competitivo.

El nuevo pliego para los acuerdos llega con el rechazo del sector y en un momento sensible por el estado de la red

Por otro lado, fuentes del sector creen que el ministerio busca «quitarse responsabilidad» tras la corrupción que ha aflorado en los últimos años. Si se acude a la medida que está preparando Transportes, se observa lo siguiente en el apartado de «naturaleza del contrato»: «Se mantiene el modelo de calidad (no es subasta)». Esos paréntesis hacen dudar al sector. «Recuerda la locución ‘Excusatio non petita, acusatio manifesta‘ (quien se excusa, se acusa)», asegura una fuente autorizada. Las mismas fuentes creen que el ministerio confunde calidad con cantidad porque en los apartados siguientes —como son la señalización (horizontal y vertical) y la seguridad de los trabajadores— se generalizan los criterios sin especificar «toneladas de pintura y aditivos», por ejemplo.

El problema de estos futuros contratos low cost es que al final puede ocurrir que si todas las empresas tratan de hacer ofertas a la baja (es decir, que ninguna se va a adecuar a lo que realmente pide en un inicio el pliego) y muchas ofertas acaban siendo iguales, la Administración se verá obligada a adjudicar la oferta «por sorteo». Aunque antes de llegar a ese extremo, existen otros criterios previos, como si hay trabajadores en situación de exclusión o de igualdad de género en la plantilla.

En el sector de la conservación de carreteras hay menos de un centenar de empresas con contratos con la Administración. Este pliego abre la posibilidad de que aparezcan nuevas compañías. Las dos razones por las que se dañan las carreteras son principalmente la lluvia y el tránsito de los camiones. Cada diez años aproximadamente, y dependiendo también de la vía, es necesario asfaltar para evitar un sobrecoste.

Crítica legal

Fuentes del sector critican el nuevo pliego que se quiere imponer porque va en contra de la normativa europea. «La Directiva 2014/24/UE establece que la contratación pública debe garantizar competencia, transparencia y protección del interés general. Reducir la adjudicación prácticamente al precio desvirtúa ese equilibrio y se aleja del espíritu de la Ley de Contratos del Sector Público, que no es otro que lograr la mejor relación calidad-precio, con los consiguientes riesgos: bajas excesivas, deterioro progresivo del servicio, menor calidad del empleo y pérdida de innovación».

«Aunque la ley permite distintas formas de valorar la calidad, eliminar por completo la evaluación técnica en contratos complejos de conservación supone prescindir del análisis experto en aspectos esenciales como son la planificación, la gestión de riesgos o la innovación. Además, presentar como mejoras simples aumentos de cantidad, más kilómetros o más volumen de actuación no responde al concepto jurídico de mejora, sino que convierte la calidad en un criterio cuantitativo, centrado en ofrecer más de lo mismo en lugar de hacerlo mejor», afirman los expertos.

Información de: Javier Leal (The Objective)