'TelePedro', 'Zona Roja' y hasta cinco leyes para amedrentar a los medios

La escandalosa maniobra orquestada desde Moncloa para amedrentar a Vivendi y controlar el grupo Prisa no esconde sino la obsesión de Pedro Sánchez por lanzar a toda costa un nuevo canal de televisión que ejerza de escudero del Gobierno en un momento en el que la soledad mediática del presidente es cada vez más evidente.

Sin embargo, la ya bautizada como "TelePedro" —de momento, en stand by, tras el rechazo del presidente de Prisa, Joseph Oughourlian— tan solo es una pieza más de la nutrida ofensiva que los socialistas llevan meses diseñando tanto para blindarse ante los numerosos casos de corrupción que les acechan, como para prepararse ante la temida posibilidad de tener que pasar a la oposición; un escenario en el que el asalto a RTVE ya no sería suficiente.

Conscientes de ello, a la nueva televisión que los socialistas planean lanzar de la mano de José Miguel Contreras —asesor mediático de Sánchez y amigo de Zapatero—, se suma el lanzamiento de PSOEPlay, una plataforma audiovisual con programa propio de carácter semanal, llamado Zona Roja, que se empezó a emitir el pasado 7 de marzo y que tiene como protagonistas a los propios ministros. Pero también las cinco leyes que ya se cocinan en Moncloa para este 2025 con el único fin de controlar a los medios críticos.

-El presidente del Gobierno busca blindarse ante los innumerables casos de corrupción que le acechan y la posibilidad de acabar en la oposición.

Dichas normativas se han ido anunciando paulatinamente desde que Begoña Gómez fue imputada y Sánchez emergió tras sus famosos cinco días de reflexión amenazando con una "limpieza". En muchos casos no se han llegado a concretar los plazos para su aprobación.

Sin embargo, según publica este sábado El Confidencial, todas ellas aparecen ahora recogidas en el Plan Anual Normativo para 2025 al que habría accedido este diario, un documento de obligada elaboración año tras año, en el que el Gobierno confirma y detalla todas las iniciativas que tiene previsto aprobar en el ejercicio en curso, lo que corroboraría su inminente entrada en vigor.

Se trata de la ley de protección de derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen; la ley para el derecho a la rectificación; la ley de publicidad y comunicación institucional; la ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación, que contempla multas millonarias a la prensa; y la ley de información clasificada, que hace tan solo unas semanas el propio Sánchez comprometió al PNV en el Congreso, coincidiendo con la despedida de Aitor Esteban.

La reforma del derecho al honor

El pasado 17 de septiembre, el Ministerio de Presidencia comandado por Félix Bolaños ordenó la creación de un grupo de trabajo "para el estudio de la actualización de la ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y de la ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de Rectificación".

Ya en ese documento, Moncloa argumentaba que "es preciso actualizar la normativa vigente, para adaptarla a los nuevos medios de comunicación personal y profesional de una sociedad globalizada, así como mejorar la protección frente a los efectos que, de manera inmediata y permanente, pueden producirse con estos medios; garantizando así una tutela real y efectiva de los derechos fundamentales afectados, salvaguardando a su vez la libertad de información y de expresión".

Para ello, defendía Bolaños, deberá tenerse en cuenta "la regulación de las nuevas realidades digitales y formas de comunicación electrónica; contemplando, en su caso, fenómenos como la revelación del perfil o la identidad digital de una persona que pueda afectar a su derecho al honor o a la intimidad, las obligaciones de información cuando se utilice la imagen, la voz u otras características de una persona mediante el uso de la tecnología ("deepfakes" "ultrasuplantaciones"), o las obligaciones de las redes sociales en la moderación de sus contenidos para favorecer una retirada de contenidos que lesionen derechos fundamentales".

El derecho de rectificación

Por lo que respecta al derecho de rectificación, el Ministerio de Presidencia subrayaba la necesidad de aprobar una nueva ley orgánica encaminada específicamente a "reforzar su efectividad, en particular en entornos digitales, vinculándolo adicionalmente con el derecho al olvido".

Además, se anunciaba la obligación de que los medios de comunicación "cuenten con una persona u órgano, con cierta independencia de la dirección, que valore las solicitudes del derecho de rectificación".

El objetivo último de esta norma, en cualquier caso, es que los procesos judiciales se acorten y que se endurezcan los castigos e indemnizaciones, tal y como recoge el mismo documento fechado el pasado mes de septiembre: "Desde el punto de vista procedimental, deben adaptarse los plazos y procesos judiciales al ritmo actual de la comunicación, dotándolos de la agilidad que requiere la adecuada protección de estos derechos.

También deben revisarse las indemnizaciones y los criterios para determinarlas, a fin de asegurar una apropiada reparación del daño causado".

Controlar la publicidad institucional

No es la única ley encaminada a amedrentar a los medios por la vía del bolsillo. En tercer lugar, el Gobierno también pretende aprobar en este 2025 la nueva ley de publicidad y comunicación institucional, con la que limitar el dinero público que se destina a los medios. Su intención, tal y como anunció el propio Pedro Sánchez el pasado mes de julio en la cadena SER, es establecer un "máximo" de financiación, bajo la premisa de que algunos medios "no tienen lectores, sólo recursos públicos" y que "con recursos públicos se está financiando la desinformación".

Para justificar esta norma, el presidente se escudó en la trasposición del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación y en la necesidad de incorporar los fenómenos de la digitalización. "Una de las propuestas es la modificación de la ley de publicidad institucional, vigente desde hace casi 20 años, y siguiendo la estela de Europa incorporemos transparencia en los medios o pseudomedios digitales porque no es tolerable que con fondos públicos se financien los bulos de la ultraderecha", insistió ante las preguntas de Angels Barceló.

Multas millonarias a los medios

El capítulo relativo a la persecución económica de los medios se completaría con la ley para la Mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Medios de Comunicación, cuyo anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 25 de febrero, que contempla la creación de un nuevo registro estatal y multas millonarias para quienes incumplan las premisas marcadas por el Gobierno.

Para empezar, las sanciones por no inscribirse en dicho registro o por no tener actualizada la información relativa a su estructura de propiedad y los ingresos podrían llegar a los 750.000 euros. Además, las operaciones de concentración de medios que la CNMC considere que pueden tener un "impacto sobre el pluralismo mediático" podrían ser sancionadas con hasta 1,5 millones de euros.

Por si fuera poco, el Ejecutivo también podrá multar con hasta 150.000 euros a quienes considere que no garantizan la independencia de las decisiones editoriales. Aunque no aclara cómo, los medios tendrán que demostrar que dichas decisiones puedan tomarse libremente dentro de la línea editorial.

Información clasificada: la excusa de la intimidad

Por último, Moncloa también planearía sustituir en este 2025 la actual Ley de Secretos Oficiales, vigente desde 1968, por una Ley de información clasificada. La reforma de esta norma es un compromiso adquirido con el PNV y aún pendiente de ejecutar. "Cuente con que esta legislatura vamos a modificar la Ley de Secretos Oficiales", prometió Sánchez a Aitor Esteban cuando el mes pasado se despidió del Congreso de los Diputados.

Sin embargo, no cabe la menor duda de que Sánchez aprovechará la misma para sus propios fines. No en vano, se trata de un "comodín" al que ha recurrido en numerosas ocasiones para eludir las resoluciones del Consejo de Transparencia que le instaban a publicar información sobre sus viajes en Falcon, entre otras cuestiones.

Según El Confidencial, bajo la premisa de que hay que cambiar esta ley para "adaptarla a los estándares internacionales en materia de información clasificada", se modificará el texto para hacer aún más restrictivo el acceso a la información de los ciudadanos y periodistas, atendiendo a un nuevo factor, que no es otro que el de la intimidad. De esta forma, la limitación ya no vendrá dada únicamente por cuestiones de seguridad.

"La ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas". A nadie se le escapa que, bajo esta premisa, y teniendo en cuenta todos los casos de corrupción que afectan a su familia, el presidente podría ocultar mucha información clave.

Información de: Sandra León (Libertad Digital)