El juez acepta prolongar la instrucción e investigar los bienes de Montoro y su mujer

El juez de Tarragona Rubén Rus Vela, que investiga el caso Montoro por presunto tráfico de influencias, ha aceptado la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que se requiera a las notarías las escrituras de constitución y el inventario de bienes de los investigados, entre los que figura el exministro Cristóbal Montoro, y de sus cónyuges.

El magistrado ha acordado librar los mandamientos necesarios para recopilar esta información, que también afecta a excargos de Hacienda y a personas vinculadas al despacho fundado por el exdirigente del partido Popular, antes denominado Equipo Económico: Salvador Ruiz Gallud, Ricardo Martínez Rico, Francisco de Asís Piedras Camacho, Manuel Enrique de Vicente-Tutor, María Pilar Platero Sanz y Ricardo Montoro, hermano del extitular de Hacienda.

El magistrado justifica la ampliación de las pesquisas en que la investigación es "sumamente compleja". 

La Fiscalía hizo esta petición, ahora aceptada por el juez, al constatar que el informe de la Agencia Tributaria ha revelado "la existencia de capitulaciones matrimoniales por algún socio, pactando el régimen de separación de bienes, lo que llevó al reparto de activos".

Por esta razón, considera que hay que determinar si entre ellos se pueden encontrar las participaciones que tuvieran en Equipo Económico, patrimonio de origen ilícito o bienes para su decomiso. "Es necesario disponer de la escritura pública correspondiente para conocer los detalles del reparto en lo relativo a Equipo Económico, así como el valor asignado a las participaciones del socio que firmó las capitulaciones", justifica su petición la representante de Anticorrupción en el caso, Carmen García Cerdá.

El auto del juez Rus, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, precisa que las diligencias solicitadas por la fiscal, entre las que se encuentra recabar información sobre una docena de empresas que, según las pesquisas, pudieron servir a los investigados para repartir los beneficios que obtuvieron con la empresa Equipo Económico, deriva de los distintos informes y atestados que constan en las actuaciones y su objetivo es rematar la investigación.

Se trata de completar la información recabada sobre ellas, plasmada en distintos informes de los Mossos d'Esquadra, durante los siete años que las actuaciones estuvieron bajo secreto. De hecho, el magistrado ya había solicitado información bancaria sobre todas ellas al sospechar que pudieron ser las que canalizaron los beneficios presuntamente ilícitos obtenidos.

Anticorrupción pide rastreas las empresas con las que se ocultaron los beneficios de Equipo Económico.

Una nueva prórroga. El magistrado, además, ha acordado prorrogar la instrucción de la causa hasta el próximo 26 de julio, al considerar que la investigación es "sumamente compleja, puesto que se "ha puesto de manifiesto la existencia de una presunta trama que gira en torno" a Equipo Económico y que, "mediante precio", se dedicaría a intervenir en el proceso legislativo, "moldeando reformas legales a las necesidades de sus clientes".

En concreto, detalla el juez, las gasísticas asociadas a Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) que habrían contratado a Equipo Económico con la finalidad de que este despacho interviniese en el proceso legislativo tendente a la modificación de la normativa sobre el impuesto eléctrico y el de actividades económicas.

El objetivo del procedimiento es determinar si lo hicieron para "satisfacer los intereses de esas mercantiles". Al entender del togado, fue la entrada en escena de Equipo Económico, "la que sin mediar aparentemente causa alguna", acabó "no solo con las reformas pretendidas", sino que son estas mercantiles las que redactaron la nueva normativa "conforme a sus intereses".

Los recursos presentados por las partes personadas en la causa, tanto acusación como defensas, incide el juez de Tarragona, han determinado que todavía no se haya acordado la declaración de los investigados, ni se hayan resuelto otras peticiones planteadas en el procedimiento por las partes. "Esta circunstancia, pone de manifiesto la necesidad de prorrogar el plazo de la instrucción de la causa, en cuanto es previsible que deban acordarse en lo sucesivo nuevas diligencias", concluye el togado.

Información de: El Periodico.com